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En la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, el espíritu revolucionario entre los estudiantes sigue intacto a pesar de los acontecimientos que les han arrebatado a 46 compañeros. “Mi apodo es Cienfuegos”, dijo el estudiante Salvador Castro Fernández, en referencia a un compañero del Che Guevara, el icono marxista y figura clave de la Revolución Cubana.
Murales de Guevara y de líderes rebeldes mexicanos como Emiliano Zapata adornan las paredes de la destartalada escuela de magisterio de Ayotzinapa, en Tixtla (Guerrero), donde los normalistas, o estudiantes, llevan apodos de famosos líderes de la izquierda. En un guiño a notorios revolucionarios, la escuela -que forma parte de una red de escuelas de magisterio- ofrece educación gratuita a los pobres e indígenas de las zonas rurales.
El 26 de septiembre, los estudiantes de Ayotzinapa protestaban contra las reformas educativas del gobierno en la cercana Iguala, reformas que, según ellos, aumentarán las tasas y harán imposible que puedan pagar la escuela. La policía abrió fuego contra los manifestantes, matando a tres estudiantes y a tres transeúntes. Tras ello, desaparecieron 43 estudiantes. Un mes después, siguen desaparecidos.
♀️feliz domingo hermanas
A finales del mes pasado, en la pequeña ciudad de Iguala, en el sur de México, decenas de estudiantes que protestaban fueron atacados por la policía y por pistoleros enmascarados. Seis estudiantes murieron en el enfrentamiento, y otros 43 siguen desaparecidos, vistos por última vez bajo custodia de la policía. Las autoridades mexicanas y los familiares de los desaparecidos temen ahora que los 43 estudiantes de magisterio hayan sido masacrados por la policía local en connivencia con miembros del cártel de la droga Guerreros Unidos. Ayer, México ordenó la detención del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y un ayudante, acusándolos de ser los autores intelectuales del ataque. Otras 50 personas ya habían sido detenidas, entre ellas miembros del cártel y decenas de policías. Una semana después del atentado, se descubrieron 28 cadáveres en una fosa común a las afueras de la ciudad, pero los análisis forenses realizados hasta ahora sugieren que ninguno de ellos pertenecía a los estudiantes desaparecidos. Cientos de miles de mexicanos, enfurecidos por los ataques y la falta de información, han marchado en protesta por todo el país, y en algunos lugares han atacado e incendiado edificios gubernamentales. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió dar caza a los responsables y el gobierno anunció una recompensa de 110.000 dólares por información sobre los desaparecidos.
Hermoso valle de cachemira
Los jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre después de que policías municipales que colaboraban con una banda dispararan contra los autobuses tomados por los aspirantes a profesores en la ciudad guerrerense de Iguala y se llevaran a varios de ellos en coches patrulla.
El pasado fin de semana se descubrió una fosa común con 28 cuerpos sin identificar en las afueras de Iguala, en el mismo lugar donde dos sicarios de la banda Guerreros Unidos confesaron haber ejecutado a 17 estudiantes.
“Esta marcha es para exigir a los gobiernos federal y estatal que nuestros hijos aparezcan con vida”, dijo Manuel Martínez, el portavoz de las familias de los estudiantes desaparecidos, que tenían hasta 17 años o poco más.
“Encontraremos a los jóvenes, vivos o muertos”, dijo un comandante de autodefensas llamado Moisés, cuyo grupo de autodefensa ciudadana surgió el año pasado para combatir a las bandas que asolan los pueblos de la montaña rural de Guerrero.
Los supervivientes dicen que habían ido a Iguala a recaudar fondos para sus estudios y que fueron atacados cuando volvían a casa después de tomar autobuses, una práctica común entre los maestros radicales en formación de Guerrero para desplazarse por el estado.
Fandor
El fiscal general de México afirma que fueron capturados por la policía por orden del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, entregados a una banda de narcotraficantes y ejecutados. Las autoridades dicen que creen que los restos calcinados de los estudiantes fueron arrojados a un río, pero muchos familiares dicen que siguen manteniendo la esperanza hasta que haya pruebas de ADN.
El viernes, los fiscales dijeron que habían acusado a Abarca de seis cargos de homicidio agravado y un cargo de intento de homicidio en las muertes. Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en Ciudad de México el 4 de noviembre.
Incluso antes de la noche de tiroteos de septiembre en Iguala, México -que dejó a varios estudiantes muertos y al grupo de 43 desaparecidos-, ella había estado preocupada por su seguridad al estudiar en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La escuela de magisterio del estado de Guerrero es conocida por su activismo político, además de por la formación de profesores, y se sabe que la policía se ha enfrentado a estudiantes que protestaban en el pasado. Ella esperaba que estudiara en una de las grandes universidades públicas de México.